GAZETA # 26. Agosto 2010. ARTICULO 5. EXTRACCIÓN DE ORO Y PETROLEO EN COSTA RICA

Costa Rica tiene reservas naturales de oro y petróleo. Sin embargo, la explotación de estos yacimientos puede causar un serio daño al medio ambiente. Discusiones entre partidarios y adversarios de la extracción de recursos minerales se están realizando durante los últimos años y a menudo se resumen en ruidosas protestas populares.


Movidos por el deseo de dar impulso al desarrollo industrial del país y ganar significativos recursos financieros, los ex presidentes José María Figueres en 1998 y el Dr. Oscar Arias Sánchez en 2008 firmaron contratos y licencias con empresas interesadas y de este modo dieron vista bueno a la perforación y excavación de minas.

Las enérgicas protestas de los defensores del medio ambiente, bien organizados y gozando de apoyo del sector turismo, no se hicieron que esperar. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) en el año 2002 prohibió la perforación de pozos petroleros en la plataforma del mar Caribe, donde el rico mundo natural (arrecifes de coral, manglares, tortugas marinas y limpias playas) podrían morir en caso una fuga accidental de petróleo.

El proyecto “Crucitas” elaborado por la empresa costarricense “Industrias Infinitas” de inversionistas canadienses, se propone extraer 700 000 onzas (20 toneladas) de oro con el método de minería a cielo abierto cerca del río San Juan en el norte del país, frontera con Nicaragua. A pesar de que los representantes de la empresa prometen garantizar puestos laborales permanentes para muchos costarricenses y aseguran que los procesos industriales planeados serán completamente inofensivos para la naturaleza, la experiencia mundial muestra lo contrario. En Europa es ampliamente conocido un accidente triste que tuvo lugar al explotar una mina de oro: el 30 de enero del 2000 en la ciudad Baia Mare en el norte de Rumanía se rompió la represa que guardaba más de 100 000 metros cúbicos de desechos líquidos (lo que equivale a 40 piscinas olímpicas) de aguas contaminadas de cianuro y metales pesados, que se fueron al río Danubio y después más allá, hacia el Mar Negro, lo que provocó la muerte de todos los seres vivos en los ríos: fitoplancton, plantas y más de 1 000 toneladas de peces, no sólo en Rumanía sino también en Hungría, Yugoslavia y Bulgaria. http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/Baia.htm. Si algo semejante sucediera en el río San Juan, no sólo la flora y fauna de Costa Rica podría envenenarse, sino también el territorio de Nicaragua y hasta todo el mar Caribe.

Después de que el gobierno de Costa Rica en 2008 declaró el proyecto “Crucitas” de gran interés público, los defensores de naturaleza se levantaron a la lucha. Demostraron que los estudios hidrogeológicos del terreno en cuestión no podían considerarse imparciales ya que fueron realizados por la misma empresa interesada. El 1 de mayo en San José fue organizada una manifestación de protesta contra el proyecto “Crucitas”; en la página de Facebook (http://www.facebook.com/group.php?gid=124378210913417&ref=search) se reunió un gran número de los defensores del medio ambiente y del 12 al 14 de julio un grupo que contaba con 40 personas efectuó una marcha de 170 km desde San José hasta Crucitas para atraer la atención de todo el país a este problema. La organización costarricense “Norte por la vida”, con el apoyo de la organización internacional “Preserve Planet”, lograron que el inicio de labores en la excavación fuese aplazado.

La Presidenta del país, Laura Chichilla, prometió el 2 de junio prohibir terminantemente la excavación de minerales auríferos con un decreto especial de gobierno. Sin embargo, después de haber calculado los gastos inevitables multimillonarios por el proceso judicial contra la empresa y el pago de una gigantesca indemnización gigantesca, el gobierno dio marcha atrás. El 27 de julio el vicepresidente de Costa Rica Alfio Piva, aunque reconoció el posible gran daño a la naturaleza, anunció la decisión del gobierno de no anular la concesión otorgada a la empresa “Industrias Infinito” y basó esta decisión en los problemas de índole legal. Los defensores de la naturaleza costarricenses no se dan por vencidos y creen que esta decisión no es definitiva.