Costa Rica es un país
atractivo para los inmigrantes, y muchos habitantes de diferentes países de
América Latina y de otras partes del
mundo se esfuerzan por trasladarse por acá.
El año pasado, había casi 400 mil inmigrantes, cerca del 10% de la
población, y de ellos 17200 personas vivían ilegalmente. Entre ellos seguramente también hay bastantes
compatriotas nuestros que vienen por un mes y se quedan a vivir en el
país. La Dirección General de Migración
y Extranjería asegura que todos los residentes ilegales ya están inscritos en
su red computarizada y están perfectamente identificados por las autoridades. Sin embargo, no pueden hacer nada con ellos:
ni deportar, ni tampoco quitarles los documentos.
En Costa Rica existe así
llamada Sala Cuarta – el Tribunal que estudia quejas que tratan de violaciones a
la Constitución Política nacional.
Cualquier persona puede dirigirse a ésta y detener el proceso el cual,
según su opinión, menoscaba sus derechos de ciudadano. Hasta que el Tribunal examine la queja y
pronuncie su decisión, el proceso en cuestión queda congelado, a veces por
varios meses, tomando en cuenta la lentitud de las instituciones estatales
costarricenses.
Acciones de esta índole fueron
ejercidas últimamente por unas cuantas organizaciones de inmigrantes, en su
mayoría nicaragüenses. Denunciaron que
los artículos 18 (incisos 12 y 26) y 31 (inciso 5) de la Ley de Migración y
Extranjería del año 2010 son inconstitucionales. Estos artículos estipulan que la policía de
Migración tiene el derecho de detener personas sin documentos de identificación
personal, por 24 horas para verificar su condición migratoria, y este plazo
podrá ser ampliado en situaciones especiales hasta 30 días. Durante este tiempo la persona debe ser
deportada.
La Asociación de Trabajadoras
Domésticas, la Asociación Servicio Jesuita para Migrantes, la Asociación
Merienda y Zapatos, el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de la
Construcción, la Asociación Coordinadora de Trabajadores Bananeros Zona
Atlántica y Sarapiquí y el Comité Sociocultural de La Carpio declararon que la detención
por un tiempo más allá de las 24 horas,
sin un juicio ni investigación, es contra la ley y menoscaba los derechos
humanos básicos. Según el líder de los merenderos
y zapateros Carlos Sandoval, las autoridades bien deben ponerla en libertad,
bien deportar la persona inmediatamente.
“Lo que no puede haber es esa zona gris”, dijo.
La directora de Migración Kathya Rodríguez, de
su parte, envió una solicitud de aclaración a la Sala IV. Mientras el Tribunal investigue la queja, a
los foráneos se les dan citas para que se presenten a las oficinas e inicien
los trámites de papeles correspondientes.
Al expresar su preocupación por el plazo prolongado que pueda durar el
proceso judicial, la directora señaló: “Estamos atados de manos”.
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